Para la defensora Ana Quirós, el reciente discurso de Rosario Murillo es una amenaza directa hacia los familiares de exiliados que permanecen en Nicaragua
Las recientes declaraciones de la vocera de la dictadura Rosario Murillo contra los nicaragüenses en el exilio constituyen un mecanismo de intimidación dirigido tanto a quienes están fuera del país como a sus familiares dentro de Nicaragua, afirmó la defensora de derechos humanos Ana Quirós.
«El recordarle a la gente que tiene familia dentro de Nicaragua es una forma de amenaza», sostuvo.
Durante unas declaraciones a medios de comunicación oficiales, Murillo había asegurado que quienes critican al régimen desde el exterior atacan incluso a sus propias familias, que según dijo «viven tranquilos y seguros» en Nicaragua.
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Frente a ello, Quirós replicó que los parientes de personas exiliadas también enfrentan presiones. «Las familias de quienes están en el exterior viven bajo temor, tratan de no hablar, tratan de que sus familiares les llamen lo menos posible. Nadie goza de paz en Nicaragua. Todo el mundo vive bajo un manto de temor, de zozobra, pensando en qué momento me van a venir a buscar», afirmó.
La activista subrayó que el exilio no implica tranquilidad, además destacó el impacto económico que enfrentan las familias marcadas políticamente dentro del país. «Sus posibilidades de empleo o de ingreso son muy limitadas porque están marcados por el régimen y tienen que depender de lo que reciben de quienes están en el exterior», dijo.
Quirós también se refirió a la situación de las personas presas por motivos políticos. «Vivimos preocupados por la vida de nuestros familiares, pero también por la situación de las decenas de presas y presos políticos, muchos de ellos en condición de desaparición forzosa», denunció.
Agregó que hay familias que no pueden ver ni entregar alimentos a sus parientes detenidos y que deben buscar información «entre conocidos» ante la falta de datos oficiales.
Temor al activismo en el exilio
Quirós también interpretó las declaraciones de Murillo como una señal de temor ante la persistencia del activismo en el exilio. «Cuando la gente en el exilio habla de retornar a Nicaragua, de que no olvida su país (…) ella lo ve con temor, vive en pánico ante la posibilidad de un cambio político».
La dictadura sandinista ha despojado de su nacionalidad a más de 400 ciudadanos, entre los que figuran religiosos, periodistas, escritores y defensores de derechos humanos.
A esta medida se suman decenas de destierros de facto y una reciente reforma legal que determina la pérdida de la condición de nicaragüense para quienes obtengan otra nacionalidad, bajo un control estricto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, la represión no se limita a quienes están en el exterior; miles de familiares de estos opositores y activistas permanecen en el país bajo vigilancia constante y amenazas.
Según denuncias, muchos parientes sufren encarcelamientos arbitrarios como parte de una estrategia encabezada por Rosario Murillo, quien mantiene una retórica hostil contra cualquier voz crítica.
