Según el comunicado oficial, las medidas se imponen contra quienes dirigen «las principales entidades financieras, de comunicaciones y militares» que permiten a la dictadura «reprimir a su pueblo»
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo golpe al círculo de poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este jueves, 26 d efebrero, sanciones contra cinco altos funcionarios nicaragüenses señalados de facilitar la represión estatal.
Lee también: EE. UU. sanciona al director de «La Modelo» por violación a derechos humanos
Los sancionados son Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra del Trabajo; Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora de Telcor; y el mayor general Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM).
Según el comunicado oficial, las medidas se imponen contra quienes dirigen «las principales entidades financieras, de comunicaciones y militares» que permiten a la dictadura «reprimir a su pueblo».
Las sanciones implican que todos esos funcionarios no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.
¿Por qué fueron sancionados?
La ministra Johana Vanessa Flores Jiménez, en el cargo desde agosto, es acusada de permitir la «explotación» de trabajadores nicaragüenses y de la confiscación de propiedades de empresas extranjeras, así como «competencia desleal» a causa de las condiciones laborales reinantes en el país.
El mayor general Gutiérrez encabeza el directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, «considerado una de la estructuras más opacas del ejército», y responsable junto a los servicios de seguridad de «monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y militares retirados», añade el texto.
La Unidad de Inteligencia Financiera está dirigida por oficiales militares, y le permite al gobierno «controlar y utilizar las instituciones a cargo de prevenir y perseguir el lavado de dinero para perseguir a opositores políticos», detalla el texto.
El Instituto de Telecomunicaciones y Correos es un «componente central» de un «amplio aparato de vigilancia y espionaje». Su directora general, Nahima Janett Díaz, ya fue sancionada en 2022, y ahora pasa a engrosar la lista su número dos, Celia Margarita Reyes.
Liberación de presos políticos
«Este gobierno seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer frente a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio», añadió otro comunicado del Departamento de Estado.
«Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua», explicó el texto.
Con estas sanciones, Estados Unidos mantiene la presión diplomática y financiera sobre el régimen sandinista, aislado en la región.
La semana pasada el Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada al país del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde están recluidos la mayoría de presos políticos.