El Estado Mayor del Ejército de Nicaragua podría estar viviendo su peor momento en décadas. Para Javier Meléndez, director de Expediente Abierto y analista en temas de seguridad y defensa, la institución militar se encuentra hoy en un estado de «alerta máxima», observando con terror un tablero internacional donde sus aliados más cercanos están bajo asedio y en clara posición de desventaja.
El analista sostiene que los militares nicaragüenses están procesando escenarios «nada positivos» tras observar lo ocurrido en Venezuela, la crisis terminal en Cuba y, especialmente, la determinación de Washington en el caso de Irán. Según Meléndez, el mensaje que llega a los cuarteles de Managua es que Estados Unidos está dispuesto a «exterminar a los enemigos que considera que atentan contra su seguridad nacional».
Recientemente Estados Unidos acusó a Cuba de ser aliado de sus principales enemigos, China, Rusia e Irán y con base en ello lo declaró una amenaza a su seguridad nacional y prohibió a los países del mundo proveerles petróleo.
Esos son justamente los aliados principales de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La reciente sanción de la OFAC contra el mayor general José Leonel Gutiérrez, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar podría haber sido el detonante de esta crisis de nervios institucional. Para Meléndez, no fue un hecho aislado, sino un asunto estratégico: «No se trata de una sanción simbólica, sino de un mensaje directo al corazón del aparato de control político del régimen Ortega-Murillo», dice el analista.
Al golpear la inteligencia militar, Washington ha puesto el dedo en la llaga de la paranoia sandinista. En Nicaragua, el Ejército ha dejado de ser una fuerza de defensa para convertirse en un órgano de vigilancia interna. «En regímenes autoritarios, como el actual, la lealtad no se presume, ellos no dan por descontado que todos son leales, la lealtad se controla», advierte Meléndez.
La estructura de contrainteligencia, ahora sancionada, es la encargada de monitorear a los propios oficiales para evitar fisuras, utilizando tecnología de Rusia, China y logística de Cuba. Ese es precisamente uno de los roles fundamentales del mayor Gutiérrez.
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La posición actual del Ejército es la de una institución que comienza a medir el costo de su supervivencia. El analista identifica tres temores fundamentales que dominan el pensamiento de la cúpula.
Primero, el «mapeo» individual. Washington está documentando responsabilidades nombre por nombre. Ningún oficial o suboficial está fuera del radar.
Segundo, el aislamiento regional, ya que, si los regímenes de Cuba y Venezuela siguen tambaleándose, la élite militar nicaragüense enfrentará una soledad internacional absoluta.
Y por último el colapso financiero. Los militares, convertidos en una casta oligárquica, ven cómo sus patrimonios personales y corporativos están en la línea de fuego. Sanciones estadounidenses al corazón de sus operaciones empresariales serían catastróficas.
«Yo estoy en este punto convencido que precisamente por los costos financieros, ellos van a terminar dándole la espalda al régimen», sentencia Meléndez, quien incluso, guarda la esperanza de que este quiebre ocurra pronto debido al «impacto reputacional» que ya es una mancha imborrable para la institución.
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Una huella imborrable
El dilema para los oficiales es ahora de tiempo y nivel. Cuanto más se identifique al Ejército como el sostén directo de la represión, mayor será la profundidad de las sanciones y más difícil será su papel en una futura transición.
La pregunta que hoy resuena en las oficinas de la Comandancia General no es si el régimen sobrevivirá, sino qué tan alto será el costo personal, jurídico y financiero para los militares que decidan hundirse con él, explica Meléndez. La sanción a la Inteligencia ha dejado claro que el anonimato ya no es una opción para la cadena de mando.