La organización sostiene que incorporar a exoperadores del régimen en estos registros constituye una «regresividad conceptual» que violenta la dignidad de las víctimas directas
La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) rechazó la inclusión del exasesor presidencial Bayardo Arce Castaño en el listado oficial de personas presas políticas y pidió una rectificación pública al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
En un comunicado fechado el 3 de marzo de 2026, la organización, que está integrada por víctimas directas de la represión estatal, cuestionó que el Mecanismo equipare a «operarios, ejecutores, coautores y creadores de la maquinaria unificada de represión del régimen» con quienes han sufrido persecución por oponerse al poder.
«Como integrantes del mecanismo, no reconocemos a Bayardo Arce Castaño como preso político, quien es sujeto de persecución política intra-régimen, derivada de una purga estructural», afirmó la UPPN en el pronunciamiento.
Críticas a los criterios de clasificación
La polémica surge días después de que el Mecanismo incluyera a Arce en su listado, argumentando que su caso refleja «una profundización de los patrones represivos» y que toda acusación penal debe tramitarse con garantías de debido proceso y sin detenciones arbitrarias.
Arce, histórico comandante sandinista y asesor económico del presidente Daniel Ortega, fue detenido en julio de 2025 en medio de una investigación por presunta corrupción anunciada por la Procuraduría General de la República.
Su entorno ha denunciado aislamiento en el penal «La Modelo» y un deterioro en su estado de salud. Sectores opositores sostienen que su caída responde a una purga interna atribuida a la copresidenta Rosario Murillo.
Sin embargo, la UPPN sostiene que el Mecanismo incurre en una «inconsistencia técnico-jurídica» al aplicar criterios generales sin distinguir responsabilidades dentro del aparato estatal.
Según la organización, la adopción de una definición, sin una adaptación rigurosa al contexto nicaragüense, «diluye» el concepto de persona presa política.
«Esta falta de delimitación clara amplía de manera acrítica la categoría persona presa política, diluyendo su contenido contextual y permitiendo una discrecionalidad sin límites normativos precisos, arbitrada por el equipo técnico jurídico del mecanismo», señala el documento.
«No equiparar víctima y victimario»
La UPPN exigió una rectificación pública de las listas existentes que violen el principio de no equiparación entre víctima y victimario. «Mantener esa clasificación «cimienta el camino hacia la impunidad y representa una extensión de la agresión hacia las víctimas directas».
En el texto, la organización recalca que la categoría de preso político, en la memoria colectiva nicaragüense, corresponde a quienes se opusieron a la estructura represiva del Estado. «Para la memoria colectiva compartida, la persona presa política tiene un rostro claro: el de una persona que se opuso a la maquinaria de terror», subraya.
Asimismo, demandan que la comunidad internacional, gobiernos democráticos y organismos de derechos humanos «desconozcan formalmente la incorporación de victimarios» en esa figura jurídica.
La UPPN insistió en que reconocer como preso político a un exalto operador del oficialismo «vicia la integridad de los listados y afecta el derecho a la memoria histórica de las víctimas».