Expertos consideran que esta institución se usa como paraguas de la familia Ortega-Murillo para administrar bienes estatales en beneficio del clan
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó en calidad de «donación» un bien inmueble a las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), según se desprende del acuerdo presidencial número 37-2026 que se publicó en la Gaceta 43 de este viernes 6 de marzo.
En el diario oficial de la nación se informa que se trata de una propiedad ubicada en el departamento de Estelí e inscrita bajo el número BI-2L35UJQE, pero no se detalla qué tipo de edificación, su extensión en metros cuadrados, el lugar exacto ni para qué fin será destinada.
El acuerdo solo establece que se entrega para «fortalecer el patrimonio administrado por esa instancia y así fomentar el desarrollo económico del país». Tanto la Procuraduría General de Justicia como la directora de las corporaciones deberán formalizar ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil de y Garantías Mobiliarias del departamento la entrega de la donación.


Para esto, la directora de las CORNAP debe presentar a la junta general del organismo el decreto para su aprobación en la instancia y proceder luego a recibirlo.
Donaciones al INSS y la CORNAP
Estas donaciones, que ha hecho la dictadura con mayor énfasis desde el año 2024 se dan principalmente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Solo en enero de este año le otorgaron 27 propiedades y otras cinco este jueves, 5 de marzo.
Desde que comenzaron las confiscaciones a empresas, congregaciones religiosas, medios de comunicación y particulares, Ortega y Murillo han entregado a este último organismo más de 200 bienes inmuebles, algunos de ellos que eran parte de las confiscaciones, lo que se conoce ahora como la «piñata 2.0», para recordar cómo en la década de 1980 con la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder también se apropiaron de numerosas propiedades.
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Las CORNAP se crearon en la década de 1990. Se les encargó del proceso de privatización de empresas estatales, que en el decenio anterior el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nacionalizó.
Expertos consideran que esta institución se usa como paraguas de la familia Ortega-Murillo para administrar bienes estatales en beneficio del clan. Esto después de reactivarla formalmente en el año 2023 tras permanecer sin uso desde su retorno al poder en el año 2007.
Su nuevo fin es la administración de los bienes confiscados a los particulares tras la ola represiva del sandinismo desde el año 2018. La Iglesia católica y sus congregaciones religiosas son de las más afectadas por estas expropiaciones de la dictadura.
Una de las más graves fue la de la Universidad Centroamericana (UCA) que administraba la Compañía de Jesús, los jesuitas, desde hace más de dos décadas, pero que pasó a manos del Estado y la controla el régimen.
