También denunciaron que un castigo contra algunas personas a las que mantienen en «celdas selladas» bajo «calor extremo»
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua advirtió sobre el agravamiento físico de al menos siete de ellas.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, dijeron que recibieron la información del «grave deterioro de la salud» de estos presos, a los que no identifican en el post.
Sin embargo, recordaron que del total de 46 personas que registran como presas políticas, hay 15 de ellas «en alto riesgo por enfermedades preexistentes agravadas por la detención». Representan el 33 % de los encarcelados y son adultos mayores.


Además, hay 10 presos políticos en condiciones de desaparición forzada, un delito tipificado en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad, que no solo expone a los desaparecidos en mayor vulnerabilidad sino que impacta en sus familias que no pueden asistirlos en casos de emergencias. Esto también incluye a abogados que no tienen acceso a sus defendidos y se vulnera su legítimo derecho a la defensa.
Negación sistemática de la salud para presos políticos
El Mecanismo recordó que contra los presos políticos hay una «negación sistemática de la salud», al impedirles acceso a sus medicamentos por las enfermedades que ya padecen, así como por negarles la atención médica requerida o un trato digno en sus condiciones de reclusión.
«A líderes indígenas se les prohíbe hablar su lengua y se estigmatiza su cultura», agregaron sobre los presos de las poblaciones originarias nicaragüenses, que al igual son víctimas de la represión estatal de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mencionaron que hay «castigos con celdas selladas y calor extremo» contra los presos políticos como el abogado Manuel Urbina Lara, Walner Ruiz, Jaime Navarrete y Walter Balmaceda.
Recientemente se creó una polémica cuando el Mecanismo incluyó al exfuncionario del régimen sandinista, Bayardo Arce, en la categoría de preso político, una calificación que rechazaron desde la Unión de Presos y Presas Políticas Nicaragüenses (UPPN) al considerar que se equiparaba a las víctimas de la persecución con «operarios, ejecutores, coautores y creadores de la maquinaria unificada de represión del régimen».
Ante esto, dijeron que aunque eran parte del mecanismo no reconocían a Arce como una víctima presa política. El otrora asesor presidencial de Ortega fue detenido en junio de 2025, condenado a prisión por supuesto lavado de dinero y otros hechos de corrupción.
Sus hijos denunciaron que no conocen el paradero del político, que sus condiciones de salud se agravaron y perdieron comunicación con su padre desde inicios del pasado mes de diciembre.
