La calificadora de riesgo crediticio Moody’s dijo que la economía de Nicaragua aunque tiene una «perspectiva estable» afronta riesgos a mediano plazo por los controles impuestos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Reafirmaron la calificación «B2» al asegurar que «refleja los elevados riesgos geopolíticos y relacionados con las sanciones, los bajos niveles de ingresos del país y el pequeño tamaño de su economía, así como un marco institucional débil, condicionado por la erosión del sistema de pesos y contrapesos y el aumento de los riesgos políticos que limitan el perfil crediticio de Nicaragua», destaca el documento que se presentó este 23 de febrero.
Pese a ello, el Banco Central del país resaltó otros aspectos que presentó el informe como «el sólido desempeño fiscal caracterizado por superávits consecutivos del gobierno general, reducciones de la carga de la deuda y la continua acumulación de reservas fiscales, que en conjunto sustentan una mejora en la solidez fiscal».
La realidad es que la calificadora mencionó que «la perspectiva estable refleja el equilibrio entre los elevados riesgos geopolíticos y de sanciones que plantean riesgos significativos a la baja para la estabilidad macroeconómica general, y el compromiso demostrado por las autoridades de mantener políticas macrofiscales prudentes».
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La dependencia económica con EEUU
Dijeron que los riesgos asociados a nuevas sanciones de Estados Unidos, que presiona al régimen después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero en Venezuela, es un factor a tomar en cuenta para mantener la calificación B2 al país centroamericano.
Otras razones es la alta dependencia de las remesas, especialmente del gigante norteamericano, son una debilidad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo la semana anterior que prepara medidas para frenar el envío de remesas de migrantes no legales en su territorio hacia Nicaragua, mientras que antes el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una caída por estos ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026 cuando el año anterior aportaron 29.5% a un 26.1% este año, un porcentaje incluso inferior a lo que se obtuvo por esa vía en 2024.
«Las remesas disminuirán, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos», aseguró el Fondo.
Moody’s agregó que «el riesgo persistente de una intensificación o ampliación de las sanciones o medidas comerciales representa una fuente clave de riesgo a la baja, en particular dada la continua y alta dependencia de Nicaragua de las remesas de Estados Unidos y su exposición a la política comercial estadounidense».
Aunque mencionaron por igual cómo «los continuos superávits fiscales y externos, los amplios colchones de liquidez y los esfuerzos por diversificar los vínculos financieros y económicos con China y otros socios respaldan nuestra opinión de que el perfil crediticio de Nicaragua se mantendrá resiliente ante las presiones geopolíticas».
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Falta de independencia incide en baja calificación
Insistieron en que la economía nicaragüense depende de la exportación de materias primas al mercado estadounidense, que aprobó el año pasado aranceles graduales de exportación que pecharán a sus productos con un 10 % a partir del año 2027.
Mencionaron la concentración del poder en manos de la dictadura, la debilidad institucional y la falta de independencia que debilitan la economía. «Los riesgos de gobernanza siguen siendo altos y constituyen una limitación central para la calificación, lo que refleja un marco institucional débil, marcado por la erosión de los controles y equilibrios de poder y la concentración de poder en el poder ejecutivo».
Moody’s destacó que la reforma constitucional de 2025, vista como una victoria política por el aparato propagandístico sandinista, es por el contrario una debilidad y más riesgos económicos.
«Los riesgos políticos se han intensificado tras las reformas constitucionales y legales promulgadas en 2024-25, que subordinaron las instituciones legislativas, judiciales y electorales al Ejecutivo. En nuestra opinión, estos acontecimientos han debilitado significativamente los contrapesos institucionales, reducido la rendición de cuentas y aumentado el riesgo de cambios abruptos en las políticas o la aplicación de la ley, impulsados por consideraciones políticas en lugar de objetivos económicos».
Para que haya una mejor calificación crediticia del país sería necesario el levantamiento de sanciones, la diversificación económica; es decir, una menor dependencia a EEUU, así como cambios del contexto geopolítico y social de la nación, algo que al corto plazo no está contemplado.