Organizaciones exigen prueba de vida y libertad inmediata para el coronel retirado y decenas de presos políticos encarcelados por motivos políticos en Nicaragua
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó este 21 de febrero de 2026 que Víctor Boitano Coleman cumple hoy 65 años mientras continúa en desaparición forzada desde el 23 de abril de 2024, sin que el Estado de Nicaragua informe sobre su paradero, condición jurídica o estado de salud.
Boitano es un coronel retirado del Ejército de Nicaragua y fue secuestrado hace un año y 10 meses por grupos vestidos de civil, quienes lo sacaron de su vivienda sin orden judicial y sin informar a su familia sobre su paradero o el centro de detención al que sería trasladado. Desde ese día, el Estado niega información oficial y mantienen el caso en absoluta opacidad.
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Por su edad y por padecer problemas de salud crónicos, «Víctor Boitano no debería estar detenido», señalan organizaciones de derechos humanos, que advierten que la desaparición forzada agrava el riesgo contra su vida e integridad personal y constituye una violación grave al derecho internacional.
El caso cuenta con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), las cuales obligan al Estado nicaragüense a proteger la vida y los derechos de Boitano. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha cumplido, al no presentar fe de vida ni garantizar contacto con su familia o defensa legal.
La Corte-IDH recalca que en el Poder Judicial de Nicaragua no existe registro de la detención de Boitano. Sus familiares han buscado de forma constante en el Sistema del Poder Judicial, sin que haya sido posible encontrar información sobre la situación jurídica del coronel retirado.
«Su situación de vulnerabilidad es extrema, teniendo en cuenta que no cuenta con condiciones de defensa, sus familiares están en el exilio y no se tiene respuesta sobre su paradero», expone la organización.
La situación de Boitano se inscribe en un contexto más amplio de represión política. Organismos independientes documentan que en Nicaragua hay al menos 60 personas presas políticas, muchas de ellas incomunicadas, sometidas a detenciones arbitrarias o mantenidas en condiciones que violan el debido proceso.
Persecución a exmilitares
Diversos informes señalan que el régimen ha intensificado la persecución contra exmilitares, a quienes considera potenciales focos de disidencia por su conocimiento institucional, su influencia simbólica, sus contactos dentro de la fuerza castrense o por haber expresado críticas públicas.
En este patrón represivo, la desaparición forzada funciona como un mecanismo de castigo ejemplar. El Estado elimina la visibilidad de la persona detenida, genera temor colectivo y dificulta la acción legal y humanitaria de familiares y defensores de derechos humanos.
Ante esta situación, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exige «fe de vida y libertad inmediata» para Víctor Boitano, y demanda que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales, ponga fin a las desapariciones forzadas y libere a todas las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua.