La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Nicaragua responsable por las agresiones y hostigamiento ejecutados por simpatizantes del FSLN contra el fiscal electoral Jaime Chavarría y su familia desde 2008
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este 4 de marzo al Estado de Nicaragua responsable por las agresiones, amenazas y actos de hostigamiento cometidos contra el fiscal electoral opositor Jaime Antonio Chavarría Morales y su familia, a partir del 27 de julio de 2008.
El fallo, leído por el juez Rodrigo Mudrovitsch, responde a que el tribunal debía definir si el Estado violó derechos fundamentales de la familia Chavarría tras los ataques ocurridos en el contexto de las elecciones municipales de 2008.
La Corte concluyó que el Estado «incurrió en responsabilidad» por múltiples violaciones a los derechos como la integridad personal y las garantías judiciales en perjuicio de Chavarría y sus familiares.
Violencia en verificación electoral de 2008
Los hechos se remontan al proceso de verificación ciudadana previo a las elecciones municipales de 2008. Chavarría, entonces fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), impugnó el cierre anticipado del centro de verificación ubicado en la escuela Josefa Toledo de Aguerrí, en el Distrito Cuatro de Managua.
Tras presentar la queja, él y varios de sus familiares fueron insultados y amenazados por un fiscal del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Minutos después, cuando se retiraban del lugar, fueron interceptados y atacados por un grupo numeroso de personas, mientras agentes policiales presentes «se abstuvieron de intervenir», según estableció la Corte.
El tribunal determinó que Nicaragua violó los derechos a la integridad personal, a la libertad de pensamiento y expresión, los derechos políticos y El derecho a defender derechos humanos de Chavarría.
También declaró la violación del derecho a la integridad personal de tres de sus hijos que resultaron lesionados.
Impunidad
Después de la agresión, Chavarría denunció los hechos ante la Policía Nacional. Aunque el Ministerio Público presentó acusación en 2009, esta fue rechazada en tres ocasiones por la autoridad judicial. El proceso terminó archivado en mayo de 2016.
Para la Corte, el Estado «no realizó actuaciones diligentes para investigar los hechos en un plazo razonable», por lo que también violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
El tribunal extendió la responsabilidad estatal a los actos de amenazas y hostigamiento posteriores, algunos con participación de agentes estatales, así como por la falta de medidas de protección.
La sentencia también determinó violaciones a los derechos de la niñez y al derecho de circulación y residencia, en relación con familiares que eran menores de edad al momento de los hechos o que se vieron forzados a salir del país debido a las amenazas.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó una investigación efectiva para sancionar a los responsables y, al no ser factible una restitución plena al estado anterior a los hechos, dispuso medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que resarzan de manera integral el daño causado por el FSLN a la familia Chavarría.