Dos magistrados que eran miembros de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) fueron obligados a renunciar a sus cargos, denunció el nicaragüense en el exilio Yader Morazán.
«Continúan reportándose ‘enfermedades’ entre magistrados del extinto Poder Judicial. Ahora, la plaga Chamuca exterminó lo que quedaba de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM): los magistrados Juan Francisco Vega Reyes y Sergio Martín Palacios Pérez han sido obligados a ‘renunciar’, sumándose a otros casos recientes del sistema de in-justicia», dijo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, el pasado 13 de febrero.
En ese mismo espacio añadió que esa sala, antes de la intervención del Poder Judicial por parte de la codictadora Rosario Murillo en octubre de 2023, estaba compuesta por Adda Benicia Vanegas Ramos (sobrina de la aún presidenta de la CSJ y ex presidenta de la sala por años, Alba Luz Ramos), así como por los ahora «renunciados» Juan Francisco Vega Reyes y Sergio Martín Palacios Pérez.
Era una sala con experiencia en casos de niñas, niños y adolescentes, violencia de género, que según Morazán destacaba «en foros internacionales por su trabajo en perspectiva de género».
Sin embargo, como pasó con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde forzaron a renunciar a la mayoría de sus titulares para reemplazarlos por fichas leales a Murillo, con la Sala Penal Especializada en Violencia hicieron que dejaran sus cargos dos de sus miembros, lo que la dejó prácticamente sin función alguna.
Ana Julia Guido a la presidencia de la Sala Constitucional y Octavio Rothschuh a la Penal
Qué pasará con la Sala Penal de Violencia
Destacó que los tres titulares «fueron elegidos magistrados a través de concursos de oposición y mérito supervisados por la cooperación española (AECID), en el proceso de selección de magistrados especializados en violencia 2012-2013, con financiamiento y apoyo técnico para garantizar profesionalización, capacitaciones especializadas y perspectiva de género en la aplicación de la Ley 779».
Morazán agregó que tanto Vega Reyes como Palacios Pérez fueron fichas leales al sandinismo por años, aunque con experiencia en varios temas. Entre ellos habló de su participación en la guerra de los 80, militancia en estructuras de seguridad, tendidos electorales, y ascensos en la carrera judicial desde los años 90, «con capacitación especializada en temas de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, estos antecedentes no han impedido que enfrenten la misma ‘situación de salud’ que otros, donde los obligan a firmar cartas de renuncias (en esta ocasión bajo presión)».
El impacto directo que tendrá el desmembramiento de la Sala es la falta de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
«Con estos cambios forzados, purgas y ‘enfermedades’ repentinas, la calidad y especialización en la atención a víctimas se deteriora cada vez más, dejando a muchas mujeres en mayor vulnerabilidad ante un sistema cada vez más politizado, inestable y mediocre», añadió.
Esto a pesar de que el régimen, especialmente Murillo, pregona la defensa de la mujer y su inclusión con perspectiva de género en cargos públicos, pese a que la realidad con estos dos casos demuestre lo contrario.