La Procuraduría General de Justicia, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respondió a Costa Rica y a quienes critican el manejo que han hecho con la entrega de concesiones mineras a empresas chinas, cuestionadas por su falta de experticia técnica en la explotación de minerales metálicos.
En un extenso comunicado, que publicaron el pasado fin de semana, el organismo aseguró que la dictadura “ha cumplido con los principios del debido proceso, transparencia y publicidad al ser todas las concesiones otorgadas a empresas y particulares publicadas en la Gaceta Diario Oficial”, donde informan quiénes reciben la concesión, el encargado de la empresa en el país y otros detalles técnicos.
Sin embargo, obvian decir cuál es el capital de estas mineras, su origen, cuáles son los orígenes de tales mineras y cómo llegaron al país sin tener la experiencia necesaria en el sector, tal como ha señalado la Fundación del Río al cuestionar la labor de estas empresas.
Cuánto ha entregado el régimen a mineras chinas
Esta organización defensora de derechos ambientales lleva un seguimiento sobre las concesiones a empresas mineras del país asiático. Hasta el momento ha podido identificar a 14 de ellas, a las que el régimen les entregó ya 67 lotes mineros que representan el 8,4 % del territorio del país al otorgarles 966 mil hectáreas.
La Procuraduría se defiende al decir que estas mineras cumplen con la Ley Número 387, que regula las actividades del sector, así como los informes técnicos, ambientales y otros que exige la nación para entregar las concesiones.
No obstante, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, compareció a inicios de la semana anterior ante la Asamblea Legislativa del vecino país para informar sobre la expansión de la minería ilegal en la zona fronteriza con Nicaragua, en el sector conocido como Crucitas.
Dijo que ante la falta de apoyo presupuestario en materia de seguridad, lograron expandirse de 900 a más de 3.000 hectáreas en el último año, pero además que la extracción del oro de forma ilegal era aprovechada por las mineras chinas que compraban el metal precioso al llevarlo de Costa Rica a territorio nicaragüense.
Frente a esto, la Procuraduría -que ahora maneja la Dirección General de Minas- tras su adscripción por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua en fecha reciente, aseguró que el desarrollo minero en el país se cumple con el respaldo de grandes empresas, pequeñas e incluso de la “minería artesanal”.
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Añaden que durante el año 2025, la exportación de oro representó 1.961 millones de dólares. Se refirieron a las dos grandes mineras en el país; la canadiense Equinox (antigua Calibre Mining) y la colombiana Hemco, a las que les abrieron procesos por supuesto impago de impuestos. La última pagó casi 50 millones de dólares para cerrar el proceso con la Dirección General de Ingresos en 2025.
De ellas manifestaron que en 64 concesiones tienen el 34,28 % “de las áreas bajo aprovechamiento minero”. En conjunto, estas dos empresas exportaron durante 2025 1.325 millones de dólares; es decir, más del 60 % del total de lo alcanzado el año pasado.
La instancia, creada por el régimen para el supuesto combate a la corrupción, pero que en realidad ha servido como el brazo ejecutor para perseguir a los disidentes y opositores, ahora también tiene en su control la entrega de las concesiones mineras.
Calificaron las informaciones recientes como “maliciosas” y que “buscan desestabilizar al mencionar a empresas Equinox y Hemco Mineros”.
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No obstante, hasta el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo el fin de semana anterior que llevará la explotación ilegal de oro en la zona fronteriza con Nicaragua a un encuentro a realizarse en Estados Unidos con el mandatario de ese país, Donald Trump.
En una cadena nacional, este domingo 22 de febrero, el gobierno tico se refirió a la extracción ilegal de oro que genera pérdidas de ese país de 252 millones de dólares al año.
“Eso es lo que se roban de Crucitas. Y a esto hay que agregarle la operación policial que al Ministerio de Seguridad Pública nos cuesta $1 millón por mes”, dijo Zamora, al remarcar la falta de seguridad en el lugar.
Además, el pasado 20 de febrero esta cartera envió una carta a la Cancillería de su país para pedir que tramitara ante las autoridades nicaragüenses la petición de incrementar la seguridad y vigilancia en el río San Juan.
La misiva dice que esto se solicita por “la presencia de grupos vinculados al crimen organizado trasnacional que operan en la zona, los cuales están realizando la sustracción ilegal de sedimentos en territorio costarricense, trasladándolos posteriormente mediante barcazas hacia puntos ubicados en territorio nicaragüense, en la margen nicaragüense del citado río”.