Estados Unidos anunció un nuevo grupo de sanciones para cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo este jueves, 25 de febrero, la Oficina para Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, entre quienes destacan el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, el mayor general Leonel José Gutiérrez.
En la lista se encuentran la ministro del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez; el mayor general retirado Denis Membreno Rivas y el excomisionado fefe de Policía, Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector respectivamente, de la Unidad de Análisis Financiero de la dictadura; a Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); y al director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, el mayor general Leonel José Gutiérrez López.
Sobre este último dijeron que está al frente «de la vigilancia interna y externa del Ejército, así como de la coordinación con la policía y las agencias de seguridad del Estado para garantizar a toda costa que no haya oposición al régimen» y ser esta institución «una de las estructuras más opacas y poderosas del Ejército» que usa el régimen para vigilar a opositores, manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y militares retirados a los que considera desleales.
Estados Unidos sanciona al director de la cárcel La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez
De qué acusan a los cinco sancionados
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que “la dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes”. Y añadió que “seguiremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense”.
A Flores Jiménez la sancionan por ser corresponsable de la explotación laboral a los trabajadores nicaragüenses. La responsabilidad de haber «generado condiciones de competencia desleal, ha confiscado los derechos de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como de personas o empresas estadounidenses, y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas estadounidenses que invierten y realizan negocios en Nicaragua».
La subdirectora de Telcor, a la izquierda; y la ministra del Trabajo también fueron sancionadas
El Tesoro calificó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como «un arma» de la dupla dictatorial para «aumentar su capacidad de represión política contra la oposición», que carece de autonomía e independencia frente a los abusos de Ortega y Murillo.
«La UAF mantiene un monitoreo constante de las entradas de dinero del exterior, con el objetivo de bloquear cualquier tipo de financiamiento a las actividades de organizaciones pacíficas de oposición y la sociedad civil independiente. La UAF ha sido responsable de liquidar los activos de disidentes políticos, presos políticos y organizaciones no gubernamentales sin fundamento legal», afirmó el Tesoro y de ello responsabilizó a Denis Membreno Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa.
Vigilancia desde Telcor
Finalmente a la subdirectora de Telcor, Cecilia Margarita Reyes Ochoa, de ser partícipe de los cambios para reforzar la vigilancia con la nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes que entró en vigencia a finales de 2025 tras su aprobación en 2024.
«Telcor funciona bajo la dirección de la dictadura de Murillo-Ortega como componente central de un amplio aparato de vigilancia e inteligencia utilizado para monitorear y controlar las redes sociales, la prensa y otras formas de expresión», aseguró la Ofac. Y de la nueva ley mencionó que otorgó a Telcor «amplias facultades para recopilar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas en Nicaragua. Esta legislación fortaleció aún más la supervisión y el control de Telcor sobre las redes sociales y los medios de comunicación».
Departamento de Estado: Dictadores incitaron inestabilidad regional
Al darse a conocer las sanciones a estos cinco nuevos funcionarios, que se suman a la del director de la cárcel La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, sancionado el pasado 18 de diciembre, el Departamento de Estado insistió en que estas medidas son para hacer rendir cuentas a la dictadura.
«La administración Trump actúa una vez más para exigir responsabilidades a los dictadores nicaragüenses Rosario María Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra, así como a sus facilitadores. Estados Unidos impone sanciones a cinco altos funcionarios nicaragüenses que incitaron la inestabilidad regional mediante la consolidación del poder de la dictadura y los continuos abusos contra el pueblo nicaragüense», dijo el portavoz adjunto principal de esta secretaría, Thomas Piggot.
Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una incursión militar estadounidense a Caracas, la Casa Blanca aumentó la presión contra los jefes sandinistas que incluyen sanciones, exigencias de liberar a presos políticos y demandas de apertura democrática en la nación centroamericana.
«Esta administración seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer frente a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua», dijo Piggot.