El Viceministerio de Energía y Minas informó la entrega de una concesión a la china Brother Metal por un total de 2,605.27 hectáreas en el departamento de Madriz por un lapso de 25 años para la explotación de minerales metálicos y no metálicos.
En el acuerdo ministerial número 215-SBT-M-210-25, publicado en la Gaceta número 29 de este lunes 16 de febrero, se especifica que la concesión será en un lote denominado Yalagüina II, que se encuentra en los municipios Totogalpa (174.11), Yalagüina (935.26) y Palacagüina (1495.20).
La petición la hizo la minera china el 19 de noviembre de 2025 donde especificó los detalles de la solicitud. Según el viceministerio, la petición «cumple con los requisitos catastrales de Ley» y otras exigencias técnicas para otorgarle tal extensión de terreno.
Estas concesiones forman parte de la política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de privilegiar a capitales chinos con la entrega de amplias extensiones de tierra en diferentes departamentos del país para la explotación de minas.
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Sin embargo, organizaciones ambientalistas como la Fundación del Río advierten que la gran mayoría de estas mineras no cotizan en bolsas de valores importantes como la de Hong Kong, no cuentan con la experticia necesaria para estas labores; por el contrario, se trata de empresas que desde el año 2025 han servido como intermediarias; es decir, compran ya los minerales extraídos para comercializarlos fuera de Nicaragua.
Una de las últimas decisiones del régimen fue la de adscribir a la Procuraduría General de Justicia la Dirección General de Minas, una institución sancionada previamente por Estados Unidos.
Con esta reforma que aprobó la Asamblea Nacional de Nicaragua la semana anterior, la Dirección General de Minas quedará adscrita a la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lo que la convertirá en la autoridad de aplicación de la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas.
En la práctica, el régimen tendrá a su disposición un mayor poder para entregar concesiones a sus socios chinos, tal como ha venido ocurriendo en los últimos dos años con un grupo de mineras de dudosa reputación, que se constituyen en el país con representantes de nacionalidad china para recibir cuantiosos lotes de terrenos propiedad del Estado, a los que les otorgan hasta 25 años para explotar minerales metálicos y no metálicos.