El organismo documentó violaciones al debido proceso, incomunicación y condena sin acceso a una defensa de su elección
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó al exasesor presidencial Bayardo Arce Castaño dentro del registro de personas consideradas presas políticas en Nicaragua, al concluir que su detención y procesamiento se produjeron con graves violaciones a las garantías del debido proceso.
El organismo señala que Arce —dirigente histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) e integrante de la Dirección Nacional en la década de 1980— fue detenido de manera arbitraria en julio de 2025, tras un operativo policial en su vivienda en Managua.
De acuerdo con la información verificada por el mecanismo a través de su entorno familiar, la vivienda del exasesor presidencial fue allanada sin garantías legales, mientras que sus cuentas bancarias y las de su núcleo familiar fueron congeladas y sus bienes confiscados.
El informe también señala que la persecución se extendió a su entorno cercano.
«Su esposa y su hermano han sido señalados en procesos carentes de transparencia y sin garantías judiciales, lo que evidencia la extensión de la persecución hacia su círculo cercano como forma de presión y castigo indirecto», señala el organismo.
Violaciones al debido proceso
El Mecanismo identificó varias irregularidades que, según sus criterios, evidencian la vulneración de derechos fundamentales en el caso.
Entre ellas menciona la incomunicación, la falta de información oficial sobre su situación jurídica, la ausencia de garantías judiciales básicas y la condena sin acceso a una defensa de su elección.
El organismo concluye que «su detención, encarcelamiento y procesamiento sin derecho a la defensa se enmarca en tipologías relacionadas con la aplicación selectiva de la ley y la vulneración manifiesta de las garantías del debido proceso», afirma el documento.
El Mecanismo aclara que reconocer a Arce como preso político no implica pronunciarse sobre su responsabilidad penal ni justificar posibles delitos.
«El enfoque del Mecanismo está basado en criterios de protección de derechos. No implica valoración alguna sobre la responsabilidad penal de la persona detenida», advierte.
El organismo enfatiza que «cualquier señalamiento o acusación por delitos comunes debe ser investigado y procesado por un sistema judicial independiente, imparcial y respetuoso del debido proceso, con pleno acceso a defensa de su elección y garantías de un juicio justo», sostiene.
En ese sentido, agrega que defender las garantías procesales no equivale a avalar la impunidad.
«La inclusión de Bayardo Arce Castaño o cualquier otro exfuncionario público no constituye aval para la impunidad, sino exclusivamente una exigencia al Estado de que cese las detenciones arbitrarias y restituya las garantías fundamentales», añade el informe.
46 presos políticos
La inclusión de Arce fue informada en el más reciente reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado al 26 de febrero de 2026.
En ese informe el organismo registra 46 personas presas políticas en Nicaragua. La cifra representa una disminución respecto al reporte de diciembre pasado, cuando se contabilizaban 62 casos, debido a la excarcelación de 19 personas durante ese período y a la incorporación de tres nuevos casos documentados por el mecanismo.
Arce, lavador de dinero
Tras su captura, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a Arce de participar en una supuesta red de lavado de dinero y operaciones financieras irregulares.
Según la versión oficial difundida por las autoridades, el exasesor presidencial habría participado en movimientos financieros ilícitos a través de sociedades mercantiles y transferencias internacionales.
El régimen sostiene que estas operaciones involucrarían miles de millones de dólares, aunque los detalles del expediente judicial no han sido divulgados públicamente y el proceso se ha desarrollado en la oscuridad.
El caso también ha sido utilizado por el aparato oficial para señalar a personas de su entorno, incluyendo a su esposa y a su cuñado, quienes han sido mencionados en investigaciones vinculadas al mismo proceso.
Arce, el otrora poderoso comandante sandinista
Bayardo Arce Castaño es una de las figuras históricas del sandinismo.
Durante la década de 1980 integró la Dirección Nacional del FSLN, el órgano de máxima conducción del movimiento guerrillero que llegó al poder tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
En los últimos años se desempeñó como asesor presidencial para asuntos económicos, cargo desde el cual participó en la articulación de políticas económicas y en la relación del gobierno con el sector empresarial.
Durante décadas fue considerado uno de los cuadros más influyentes dentro del sandinismo gobernante, pero también administraba una red de empresas conocidas y capitales, que amasaban un enorme flujo de dinero, adquirido a partir de las confiscaciones y apropiaciones de bienes, empresas y capital financiero, tras la llamada Piñata sandinista.