El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, aseguró que las empresas mineras chinas de Nicaragua compran el oro que se extrae ilegalmente en el lado costarricense del río San Juan, denuncia que presentó en una sesión extraordinaria ante el Parlamento de su país este lunes 16 de febrero.
Los mineros artesanales ilegales ticos pasaron de explotar 900 a 3.00 hectáreas y abarcan ahora un sector llamado Las Conchuditas al expandirse en la Zona Norte.
De acuerdo con el funcionario, desde el pasado mes de octubre de 2025 hasta febrero las fuerzas policiales decomisaron más de 16 mil sacos, que en su mayoría venden a empresas chinas en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expandido la presencia de estas mineras con la entrega de concesiones, que ya superan las 800 mil hectáreas.
Zamora advirtió que cuando estas empresas inicien la extracción formal de oro en el lado nicaragüense se espera un impacto en la seguridad costarricence por un aumento del flujo migratorio hacia su territorio.
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Advierten sobre posible migración por expansión minera en Nicaragua
“Cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo (entre Costa Rica y Nicaragua), a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría más daño del que hemos conocido hasta el día de hoy”, advirtió el ministro de Seguridad en su comparencia ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Los parlamentarios cuestionaron la incapacidad del gobierno de Rodrigo Chaves para detener la minería ilegal, pues Zamora dijo que ante la falta de recursos no tienen el número suficiente de policías para combatir a los mineros artesanales en Crucitas.
«El Estado tiene que invertir en seguridad, en controlar la zona, porque sino nos van a seguir robando el oro que al final es un impuesto que puede quedar para construir escuelas, mejorar patrullas o puede quedar para construir el puente de la comunidad de Crucitas que tanto están esperando los costarricenses», cuestionó el legislador Pablo Sibaja Jiménez del partido Nueva República.
Daño ambiental y poca capacidad operativa
Ante esto, el ministro detalló que el resguardo de la zona cuesta al Estado 1 millón de dólares mensuales y que se han asignado 200 efectivos policiales, pero siguen siendo insuficientes por la expansión de los mineros ilegales.
«Estamos a una situación de daño ambiental grave frente al cual el país está perdiendo recursos, no solo del oro que es lo más evidente, pero también afectaciones ecológicas y de movilidad en la zona. Y por supuesto el costo económico para la fuerza pública es enorme, porque esta operación de un millón de dólares mensuales equivale al salario de 600 policías al mes, por supuesto sino tuviéramos esta carga sobre nuestro presupuesto habría la posibilidad de contratar 600 policías», señaló el ministro.
Zamora destacó que la vigilancia en la zona es compleja y peligrosa porque aumentaron los enfrentamientos con los mineros artesanales, conocidos como coligalleros, así como cuestionó al Poder Judicial por dejar en libertad a estos hombres cuando los detiene la policía.