Los grupos de oposición recordaron que Nicaragua vive desde hace casi ocho años una profunda crisis en la que el pueblo ha sido «arrebatado del ejercicio de la soberanía popular»
Agrupaciones de la oposición nicaragüense agradecieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) por retomar en su agenda la crisis política, democrática y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. En una comunicación dirigida a los embajadores del organismo, valoraron como «muy oportuna» la convocatoria, al considerar que mantiene la atención internacional sobre una situación que sigue deteriorándose.
Los firmantes, entre estos la Concertación Democrática Nicaragüense, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y la Mesa Todos Somos Nicaragua, destacaron que el organismo continúa siendo una «trinchera fundamental» para la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y para la defensa de la democracia en el país.
Señalaron que Nicaragua vive desde hace casi ocho años una profunda crisis en la que el pueblo ha sido «arrebatado del ejercicio de la soberanía popular», como resultado de un modelo de poder totalitario que concentra todas las decisiones en lo que ahora el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denomina copresidencia.


Los opositores denunciaron que el régimen ha destruido la división e independencia de los poderes del Estado y el principio de Estado de Derecho. En ese sentido, recordaron que las elecciones generales de noviembre de 2021 «carecieron de legitimidad democrática», tal como lo estableció oportunamente la Asamblea General de la OEA, al no cumplir con los estándares internacionales reconocidos.
El comunicado también cuestionó la aprobación de una nueva Constitución, impulsada de manera inconstitucional y sin respaldo popular. Según las entidades nicaragüenses, esta reforma resulta «absolutamente regresiva en materia de derechos humanos y libertades ciudadanas» y consolida la permanencia indefinida del régimen en el poder, profundizando su ilegitimidad.
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Las organizaciones advirtieron que la nueva Carta Magna no ofrece garantías efectivas para la defensa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y obliga a la ciudadanía a recurrir a mecanismos de protección internacional. Esta situación, afirmaron, evidencia la inexistencia de recursos internos y la ruptura total del orden institucional.
Nicaragua, Estado paria
La oposición sostuvo que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua en un «Estado Paria» que incumple sus obligaciones internacionales, se aísla deliberadamente para evitar el escrutinio externo y reprime a su población mediante prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta conducta, alertaron, representa una amenaza para la paz y la seguridad regional.


Los firmantes subrayaron que resulta vital que la OEA y la comunidad internacional continúen abordando de manera sostenida la crisis nicaragüense. Insistieron en la necesidad de adoptar medidas colectivas y bilaterales más eficaces que contribuyan a la restauración del orden democrático, incluyendo una resolución que reafirme «la ilegitimidad del régimen».
El documento subraya que el régimen decidió retirarse de la OEA, un paso que, lejos de cerrar las denuncias, confirmó su aislamiento internacional.
