Ley aprobada este 11 de febrero traslada la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de la República, que ahora negociará, otorgará y cancelará concesiones mineras en el país.
La Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este miércoles 11 de febrero de 2026 una ley que traspasa la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que a partir de ahora asumirá el control directo sobre concesiones, licencias y contratos del sector minero.
La normativa establece que la Dirección General de Minas deja de depender del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y pasa a estar adscrita a la Procuraduría, lo que coloca bajo esa entidad la administración del sistema de concesiones y la negociación de los contratos mineros.
El texto aprobado señala que la Procuraduría tendrá la facultad de «ejercer la dirección, control y supervisión de la Dirección General de Minas adscrita a la Procuraduría General de Justicia», lo que formaliza el traslado de funciones hacia esa institución.
La ley fue aprobada la mañana de este miércoles por la Asamblea sandinista, sin ninguna discusión y apunta al control directo de Ortega y Murillo sobre el sector minero, a través de la procuradora Wendy Morales, quien se ha convertido en un «pulpo» en el manejo del aparato gubernamental de control sobre el resto del Estado.
Procuraduría asume concesiones, licencias y catastro minero
Con la reforma, la Procuraduría se convierte en la entidad encargada de administrar el uso y explotación de minas y canteras en Nicaragua.
El texto establece que la Dirección General de Minas deberá «administrar el uso y explotación de minas y canteras, mediante la aplicación del régimen de concesiones y licencias vigentes», así como tramitar las solicitudes de concesión y negociar sus términos.
También se le otorga la facultad de «tramitar las solicitudes de concesiones y licencias, así como negociar los términos de las mismas y otorgarlas; suspenderlas o cancelarlas», funciones que anteriormente estaban en manos del Ministerio de Energía y Minas.
La institución, además, asumirá el control del catastro minero nacional y la aplicación de la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas.
La normativa ordena transferir a la Procuraduría «los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos» que estaban asignados a la Dirección General de Minas, consolidando el traslado completo de la entidad.
Más funciones al «pulpoministerio»
La Procuraduría General de la República se ha convertido en una de las instituciones con mayor concentración de poder dentro del aparato estatal. Bajo la dirección de Wendy Morales, dejó de limitarse a la representación legal del Estado y pasó a asumir funciones que antes estaban en manos de otras entidades públicas.
Actualmente controla el Sistema Nacional de Registros Públicos, incluyendo el registro de la propiedad inmueble y mercantil; la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC); la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, convertida en una oficina cualquiera; una Procuraduría especializada para las municipalidades tras la desaparición del Inifom; y también concentra atribuciones sobre el Ministerio Público, que quedó subordinado a su estructura, una vez que la institución pasó a llamarse Procuraduría General de Justicia. A esto se suma la administración de bienes del Estado y de propiedades confiscadas a universidades, medios de comunicación, organizaciones civiles y opositores.
Cambio busca esquivar sanciones, advierte experto
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, considera que el traslado responde a decisiones políticas del régimen y podría estar vinculado a las sanciones internacionales sobre el sector minero.
«Lo que están haciendo es pasar la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia, una cosa que es una aberración jurídica, porque para eso existe el Ministerio de Energía y Minas», afirmó.
El ambientalista sostiene que uno de los objetivos del cambio es evitar el impacto de sanciones. «La Procuraduría General de Justicia no está sancionada por Estados Unidos, pero sí la Dirección General de Minas como institución. Por ende, toda transacción que haga la Dirección General de Minas con privados que exportan hacia Estados Unidos puede caer dentro de las aplicaciones de las sanciones», explicó.
Según Ruiz, el traslado permitiría que las operaciones continúen con menos riesgo. «Esto busca capear las sanciones y permitir que las transacciones continúen», señaló.
Mayor control sobre concesiones y actores mineros
Ruiz advierte que la medida también permitirá al régimen reforzar el control sobre las concesiones mineras y sobre los actores que operan en el sector. «Es para tener un mayor control de las decisiones que toma la Dirección General de Minas. Si ya han facilitado condiciones para habilitar nuevas concesiones a sus concesionarios socios, que son los chinos, ahora a través de la Procuraduría lo que van a hacer es controlar aún más», dijo.
Añadió que el cambio podría influir en la distribución de concesiones existentes. «Posiblemente presionen a los viejos actores mineros para que se deshagan de las concesiones y estas nuevas concesiones otorgárselas a su socio chino», afirmó.
La reforma legal modifica además diversas leyes para sustituir cualquier referencia al Ministerio de Energía y Minas por la Dirección General de Minas de la Procuraduría, consolidando así el traslado institucional y el control de la PGR sobre el sector minero del país.