Dirigentes como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Alfredo Gutiérrez coinciden en que esta medida busca la rendición de cuentas por torturas
La reciente sanción impuesta por Estados Unidos contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», ha sido interpretada por dirigentes opositores como un paso que acumula expediente internacional y que envía una advertencia directa a la cadena de mando del sistema represivo del régimen sandinista.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación bajo la Sección 7031, señalando la participación del funcionario en «una grave violación de los derechos humanos de un preso político» y reiterando la exigencia de liberar a todos los detenidos por razones políticas en Nicaragua.
La sanción forma parte de la estrategia del gobierno norteamericano para ejercer mayor presión sobre la dictadura Ortega-Murillo tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Alfredo Gutiérrez: «Es un mensaje directo a la cúpula»
Para Alfredo Gutiérrez, del partido Liberales Nicaragua, la figura de Guevara Gómez no es menor dentro del engranaje penitenciario. «Es el jefe de los torturadores del sistema penitenciario nacional», afirmó, asegurando que ha sido «la pesadilla de todos los presos políticos».
Según Gutiérrez, el funcionario «ha organizado y ejecutado las torturas contra quienes han estado en las cárceles del FSLN, tanto los que han logrado salir como los que todavía permanecen ahí».
Aunque considera que la sanción no golpea directamente a la cúpula del poder, sí la interpreta como una advertencia política. «No es una sanción severa hacia Nicaragua ni contra alguien de altísimo rango, pero es un mensaje diáfano, claro, directo a Rosario Murillo y a Daniel Ortega de que Washington tiene a Nicaragua sobre el escritorio y no se ha olvidado de la represión desde 2018», sostuvo.
Félix Maradiaga: «La impunidad no es permanente»
El opositor Félix Maradiaga destacó el alcance jurídico de la medida. A su juicio, la designación tiene un peso que podría proyectarse más allá del corto plazo.
«Algunos podrían minimizar esta medida porque no implica congelamiento de activos. Sin embargo, su alcance político y jurídico es significativo», señaló.
Explicó que la Sección 7031 supone que el Departamento de Estado determinó que existen «evidencias creíbles» de su participación en una «grave violación de derechos humanos (…) una figura jurídica utilizada en casos de tortura y tratos crueles e inhumanos».
Maradiaga recordó que Guevara Gómez ya había sido mencionado en el informe de abril de 2025 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas, lo que evidencia, según dijo, que existe «una acumulación de documentación internacional que no desaparece con el paso del tiempo».
«Los crímenes de esta magnitud no prescriben bajo el derecho internacional. La impunidad puede prolongarse, pero no es permanente», advirtió.
Aseguró que esta sanción también es un mensaje a otros funcionarios, que reciben órdenes de la dictadura y que están amparados bajo el anonimato institucional. «Cada abuso queda registrado. Cada firma, cada orden, cada acto de crueldad deja huella. Nadie puede asumir que el anonimato institucional los protegerá indefinidamente».
Juan Sebastián Chamorro: atención al detalle del «un preso político»
El economista Juan Sebastián Chamorro sostuvo que el nombre de Guevara ha sido ampliamente mencionado por víctimas de torturas. «Las fechorías de Guevara son más que conocidas. Muchos presos políticos testiguaron cómo cometía abusos físicos y torturas contra una innumerable cantidad de detenidos», aseguró.
Chamorro relató que, aunque no tuvo trato directo con el funcionario, su nombre era recurrente en los testimonios. «Era un nombre que se mencionaba en todo momento en testimonios de personas que fueron colgadas de tubos, amarradas de las manos, golpeadas … abundan testimonios de eso», dijo.
El opositor puso especial atención en la redacción del comunicado del Departamento de Estado. «Llama la atención que la designación es por la violación de derechos humanos a un preso político, en singular. Eso indicaría que el Departamento de Estado estaría apoyando o reconociendo un tipo de denuncia específica en algún tribunal de Estados Unidos o incluso una acción impulsada por el Departamento de Justicia. No lo sabemos, pero el lenguaje es preciso», reflexionó.
Añadió que esto «puede referirse a uno de los tantos casos, sobre todo de ciudadanos norteamericanos que pasaron por las cárceles y fueron torturados».
Además, destacó que el comunicado continúa la presión por la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Hasta el momento, la dictadura no ha emitido una reacción oficial.

